Dominica, la pequeña y olvidada isla del Caribe oriental confundida muchas veces con República Dominicana, vive hace ya dos semanas una fuerte ola represiva contra manifestantes que exigen una postergada y necesaria reforma electoral. El detonante fue la manifestación del 19 de marzo pasado, convocada por la plataforma opositora Coalición por la Reforma Electoral.
La marcha pacífica fue disuelta con gases lacrimógenos, balas de gomas y al menos quince arrestos, cifra la cual va en ascenso pues la policía está deteniendo opositores en sus casas. Aún el 1 de abril continuaban los arrestos. Durante la marcha, la policía prohibió el acceso de la prensa, llegando a golpear a una periodista. Por su parte, el importante medio de prensa local Dominica News Online advertía el 2 de abril que según fuentes no oficiales, el gobierno del primer ministro Roosevelt Skerrit tenía previsto continuar con las detenciones, lo cual no fue desmentido por el gobierno. Buena parte de los detenidos son referentes políticos de la oposición, incluido el presidente de la Coalición por la Reforma Electoral.
Este escenario significa para Dominica un triste acontecimiento extraordinario pues la isla caribeña se caracteriza por la tranquilidad social y política. Los policías acostumbran a andar desarmados y el último acontecimiento similar sucedió en 2017.
Sin embargo, esto no quiere decir que Dominica sea un paraíso de la democracia burguesa. Más allá de que el Partido Laborista gobierna ininterrumpidamente desde el año 2000, el hecho que ha generado la actual crisis política en Dominica es la tan postergada reforma electoral. Principalmente, sucede que en Dominica no se necesita presentar ningún documento para poder votar, generando obvias irregularidades. Esto, más la posibilidad de reelección ilimitada, sumado a las snap election (elecciones adelantadas) que estila convocar el primer ministro Roosevelt Skerrit cuando ve debilitada a la oposición, más la concentración de poder en él y su esposa Melissa Poponne, sumado a la persecución judicial contra líderes opositores, provocó que amplios sectores de la sociedad gestaran desde 2022 un movimiento pro reforma electoral. Las últimas elecciones en Dominica -2023- tenían tan pocas garantías que los principales partidos de la oposición se negaron a participar. Sin embargo, pocas semanas antes de los comicios aparecieron efímeros partidos que en algunas localidades no obtuvieron ni siquiera el voto de su candidato. A todas luces eran estructuras creadas por el gobierno para no aparecer como que el Partido Laborista concurrió solo a las elecciones. A pesar de ello solo el 30% de la población fue a votar. No contento con esto, a fines de 2024 Skerrit dejó entrever que podía otra vez convocar a elecciones adelantadas, lo cual fue rechazado por toda la oposición.
Cuando en 2023 Skerrit se vio presionado incluso por entidades internacionales a democratizar los comicios, fingió apoyar la reforma electoral. Sin embargo, Skerrit fue imponiendo de a poco modificaciones que dejarían intactas las posibilidades de fraude electoral. Ante la obviedad, las personalidades y partidos que organizan la reforma electoral convocaron a marchar frente al parlamento el día que se estaría votando la falsa reforma electoral propuesta por Skerrit. Por su parte, el primer ministro, no acostumbrado a marchas opositoras concurridas -las pocas que en ocasiones suceden no convocan a un centenar de personas- supuso, tal sucedió, que esta vez la protesta tendría características masivas. Dos días antes de la marcha, Skerrit amenazaba con que si la protesta tenía lugar, él convocaría la intervención del Sistema de Seguridad Regional, es decir, el organismo mediante el cual se articulan los cuerpos policiales de los Estados miembros del CARICOM. Sin embargo, la primera ministra de Barbados, Mia Montley, declaró que los Estados miembros del CARICOM respetan el derecho a manifestarse pacíficamente, actitud que evitó el despliegue represivo en Dominica de fuerzas policiales extranjeras.
Ya en 2017, año en que tuvo lugar la última gran marcha opositora, la pacífica protesta se transformó al anochecer en saqueos y violentos cortes de calle que todo apunta fueron cometidos por infiltrados del gobierno. La supuesta deriva violenta provocó que decenas de opositores fueran arrestados, pero no en las calles, sino en sus casas. Casualmente, cuando tenían lugar los hechos violentos no hubo arrestos en las calles, era de noche y la protesta prácticamente se había disgregado.
Skerrit viene aumentando la represión según ha visto hundirse la lucrativa industria del país: la venta de pasaportes a través del programa oficial Ciudadanía por Inversión (CBI, según sus siglas en inglés). Hasta 2024 Dominica vendía su pasaporte en 100 mil dólares. Tener la ciudadanía dominiquesa -entonces uno de los mejores pasaportes del mundo- era muy codiciado por quienes a pesar de tener dinero, necesitaban visado para entrar a la Unión Europea y Gran Bretaña. Entre los principales clientes estaban los chinos, rusos y varios países del Medio Oriente, principalmente Siria e incluso Irán. Si bien supuestamente quienes aplican a la CBI son investigados minuciosamente por las autoridades dominiquesas, mientras más aumenta el pago, más expreso se obtiene el pasaporte. De esa manera, si bien la oferta inicial eran 100 mil dólares, existe la opción de pagar hasta un millón de dólares, lo cual convierte automáticamente a los nuevos ciudadanos dominiqueses en inversionistas, dinero destinado casualmente a los hoteles propiedad de quienes tramitan el pasaporte, llamados agentes CBI. No es casual que la gran mayoría de estos agentes CBI sean leales servidores del gobierno.
Una de las grandes zonas oscuras del programa CBI es que quienes obtienen la ciudadanía pueden cambiarse el nombre una vez se convierten en dominiqueses. Debido a ello, Reino Unido y la Unión Europea se quejaron varias veces ante el gobierno de Skerrit, reclamándole que estaban ingresando a su territorio personas con pasaporte dominiqués a quienes anteriormente se les había negado la visa. La tensión llegó al punto de que en 2023 Reino Unido retiró el libre visado a Dominica, convirtiéndose así la pequeña isla en el único país de la Commonwealth que debía solicitar visa para ingresar a Gran Bretaña. Obviamente esto desplomó considerablemente la venta de pasaportes dominiqueses.
El segundo golpe a la CBI llegó cuando la Unión Europea obligó a Dominica subir el precio de su pasaporte, elevándose el menos caro de 100 mil dólares a 250 mil. A esto se le sumó que el opositor Partido Unido de los Trabajadores (UWP) interpuso a fines de 2023 una demanda contra el gobierno dominiqués, exigiendo transparencia en los fondos recaudados por la CBI. Contrario a lo establecido en la Constitución dominiquesa, parte de los pagos realizados por quienes compran el pasaporte de Dominica van directamente a bancos extranjeros que casualmente muchas veces son acusados de lavado de dinero.
Skerrit, quien ató hace años la economía de Dominica a la CBI, vio en la demanda del UWP un ataque directo a su billetera personal. Para contener el ataque, Skerrit interpuso una demanda contra el UWP argumentando que la investigación del partido opositor daña la imagen de la CBI y por tanto de la economía nacional. Vale decir que Skerrit, además de ser primer ministro, ocupa el Ministerio de Finanzas, cargo que en Dominica implica ser el Director del Departamento de Auditoría, Banca y Organizaciones Bancarias, Presupuesto, Finanzas y Servicios Financieros, Negocios Internacionales, Lotería y Caja de Ahorros. Pero además Skerrit es el ministro de Inversión, lo cual técnicamente lo coloca al frente del lucrativo programa CBI y al ser ministro de Finanzas es quien “fiscaliza” los pagos al gobierno dominiqués en concepto de pasaportes.
La acumulación de poder desarrollada por Skerrit llega al punto de que el Partido Laborista no realiza congresos prácticamente desde cuando el actual primer ministro asumió. Las voces opositoras dentro del Partido Laborista, como el ex embajador de Dominica en Cuba, Mathew Walters o el antiguo vocero del gobierno, Sean Douglas, terminan siendo expulsadas del LPD y perseguidas.
Mientras Dominica -con una población de 72 mil habitantes- por la venta de sus pasaportes recibe aproximadamente 400 millones de dólares anuales, el país tiene un solo hospital, su sistema de salud es pago y depende plenamente de los médicos enviados por el gobierno cubano. Incluso no existen algunas especialidades como neurología. Situación similar sucede con el sistema de educación, toda paga, en el cual prima el sector privado, mientras que el estatal se encuentra en pésimas condiciones. La única secundaria pública de la capital -Roseau- ubicada en el barrio de Goodwill estuvo cerrada más de siete años tras el impacto del huracán María -2017- pues el gobierno alegaba no tener fondos. Peor situación sufre todavía la Biblioteca Nacional la cual fue destruida completamente por el huracán María y nunca más se volvió a reparar.
El subdesarrollo en el que vive el país es tal que no cuenta con televisión local, la prensa plana se publica cada diez o quince días y el internet es muy precario, incluso en las pocas áreas urbanas de la selvática Dominica. La ausencia de televisión en Dominica es un punto a favor para Skerrit quien se libra de posibles medios de prensa críticos con el gobierno.
La infraestructura vial es desastrosa: más de la mitad de las rutas no están asfaltadas o se encuentran en precarias situaciones, las calles por lo general no tienen aceras y en todo el país no hay un solo semáforo. La misma capital carece de un moderno sistema de alcantarillado público, solucionándose con zanjas insalubres a ambos bordes de la calle.
Desgraciadamente la oposición no trae una mejor propuesta: el presidente del UWP es un exfuncionario del FMI y el Partido de la Libertad de Dominica fue el que pidió a Estados Unidos que invadiera a Granada en 1983. De hecho, en la protesta del pasado 19 de marzo se ve cómo alguien ondea una bandera yanqui. Sin embargo, Skerrit no se queda atrás en cuanto sumisión a Estados Unidos. Cuando en 2023 Biden anunció que buscaba un país del Caribe oriental para abrir otra embajada en el área -la única en esa región se encuentra en Barbados-, Skerrit fue el primer mandatario en ofrecer su nación para acoger una nueva sede diplomática estadounidense. Con tal de no maltratar sus relaciones con Estados Unidos, y a pedido de Washington, poco después de la invasión putinista a Ucrania, Skerrit prohibió la venta de pasaportes dominiqueses a rusos y bielorrusos. Sus intentos de agradar a Estados Unidos llegan al punto de imprimir estampillas homenajeando a Reagan o a Obama -alternadas oportunistamente con emisiones postales dedicadas a Mao y Deng Xiaoping, debido a que Dominica está fuertemente vinculada al gobierno chino-.
Quizá uno de los peores ejemplos del impacto nocivo que tiene el entreguismo de Skerrit es que en las obras del nuevo aeropuerto -otro lucrativo negocio para el actual mandatario- inicialmente solo se contrataron camioneros extranjeros, casi todos chinos. Esto provocó a fines de 2023 un largo corte de ruta organizado por camioneros que mientras estaban en una difícil situación económica, veían cómo Skerrit prefería contratar mano de obra extranjera.
Skerrit fue uno de los pocos mandatarios que apoyó sin ningún cuestionamiento el fraude electoral de Nicolás Maduro y es un abierto admirador de Díaz-Canel. Según denunciaría el ex embajador dominiqués en La Habana, solo en 2022 Skerrit visitó a Cuba diez veces, y en muchas de las ocasiones no lo informaba a su embajada, algo que no deja de ser sospechoso.
Sucede que Skerrit tiene como sus principales aliados regionales a Venezuela y a Cuba, siendo estos dos países los únicos que junto a China tienen embajada física en Dominica. La represión que lleva adelante el gobierno dominiqués desde el pasado 19 de marzo es un calco de las políticas aplicadas por sus aliados regionales. Su aspiración es entronizarse impostergablemente en el poder, alternando con su esposa Melissa Poponne; o sea: la versión orteguista del Caribe oriental.
Cabe preguntarse: ¿por qué a diferencia de otras ocasiones la marcha del 19 de marzo fue tan concurrida? El desplome de la venta de pasaportes ha golpeado fuertemente la débil economía dominiquesa y en la marcha pro reforma electoral muchos de los manifestantes se movilizaron más por su oposición a un gobierno que los hunde en la pobreza y no tanto por un nuevo código electoral. Comprenden, eso sí, que de no aprobarse la reforma electoral, Skerrit permanecerá indeterminadamente en el poder y esto significa cada vez más plato vacío.
Todavía el 4 de abril continuaban varios líderes opositores presos, la mayoría de ellos arrestados en sus casas después de la marcha del 19 de marzo, mientras que diferentes organismos internacionales exigían el fin de la represión lanzada por Skerrit. Al igual que en Nicaragua, el gobierno de Skerrit-Poponne no es ni siquiera el mal menor pues la clase trabajadora se encuentra sumida en la pobreza a costa del enriquecimiento de unos pocos.
El principal dilema político es que no existe una oposición de izquierda. Sin embargo, no condenar al régimen represivo y entreguista de Skerrit es ser cómplice de su política anti-obrera. La salida en Dominica no es ni el continuismo represor y entreguista de Skerrit, ni el neoliberalismo del UWP, sino la construcción de un partido revolucionario internacionalista.
El presente texto es una colaboración especial del estudiante universitario dominiqués Alex Williams quien cursa estudios en la University of West Indies, campus de Roseau.