Por Alejandro
Acosta. Tomado de la revista argentina Estación Finlandia.
Foto: La Izquierda Diario
Comunistas
condena los hechos neofascistas que tuvieron lugar en Brasilia el pasado 8 de
enero. Al mismo tiempo recordamos que no existe la democracia en
abstracto. Defender la “democracia” en
Brasil -y cualquier país capitalista- es defender la democracia burguesa, o
sea, el Estado que no dudará en reprimir a toda izquierda, incluso reformista,
si esta representa algún peligro. Luchemos, sí, contra la ultraderecha, pero no
nos limitemos a ello: vayamos también -como meta principal- contra el Estado
burgués y por el comunismo.
El recién
asumido gobierno de Lula y Gerardo Alckmin ganó las elecciones con el apoyo del
«ala Biden» del imperialismo yanqui. La rebelión de la extensa base social del
bolsonarismo que se lanzó sobre Brasilia habilita ahora, luego del fracaso del
putsch ultraderechista, despeja el panorama para la aplicación del plan
económico de Lula al servicio del gran capital y el imperialismo.
¿Quién se
beneficia con la toma de Brasilia por los protofascistas?
Por Alejandro
Acosta.
El domingo 8
de enero de 2023, decenas de miles de bolsonaristas tomaron Brasilia, ocuparon
el Congreso Nacional, el Tribunal Supremo Federal (STF) y el Palacio del
Planalto.
La
repercusión en Brasil y en el mundo fue enorme.
Dominaron las
comparaciones con la invasión del Capitolio, que tuvo lugar al final de la
administración Trump.
A cierto
estupor por la facilidad con la que los manifestantes tomaron edificios
públicos, se sumó la campaña de prensa que los calificaba de actos terroristas
o de intento de golpe de Estado al estilo del Euromaidán, en referencia a
Ucrania en 2014.
La Guardia
Nacional no tardó en recuperar el control de los edificios.
Siguieron los
arrestos.
Aparecieron
los chivos expiatorios.
El secretario
de Seguridad Pública del Distrito Federal, Anderson Torres, quien es
bolsonarista, fue despedido por el gobernador Ibaneis Rocha (MDB).
El nuevo
ministro de Defensa de Lula, José Múcio, él mismo un bolsonarista encubierto,
fue acusado de haber permitido estos actos que llamó «actos democráticos» en
lugar de haberlos impedido desde principios de este mes, cuando asumió el nuevo
presidente.
Las estrellas
de la lucha contra los “ golpistas bolsonaristas ” fueron el ministro de
Justicia de Lula, Flávio Dino, y el mismo Lula.
Lula decretó
la intervención federal en la seguridad del Distrito Federal hasta el 31 de
enero.
Dino promovió
detenciones masivas, cuyo número se acerca a las 500. Se secuestraron más de 40
autobuses.
En Estados
Unidos, algunos diputados demócratas pidieron la extradición a Brasil de Jair
Bolsonaro, quien se encuentra en Florida en la mansión de Donald Trump, a pesar
de que se distanció de la intervención política brasileña, bajo amenaza de
arresto por parte del STF.
Varios
gobernadores importantes, que tienen vínculos con Bolsonaro, se distanciaron y
se acercaron al gobierno de Lula. Son los casos de los gobernadores de los tres
principales estados de la Federación: Claudio Castro (Río de Janeiro), Tarcísio
de Freitas (São Paulo) y Zema (Minas Gerais).
¿Quién se
beneficia?
El gran
beneficiado de estos actos es el nuevo gobierno Lula/Alckmin.
Las acciones
de los bolsonaristas han sido condenadas por la propaganda burguesa como actos
terroristas.
Todo el
régimen político oficial se sometió a esta propaganda.
El movimiento
bolsonarista en las calles, que actúa como un protofascismo, con esta acción
será controlado. Pero, al igual que sucedió con el trumpismo en Estados Unidos,
estos movimientos fascistas podrían volver a ser utilizados por la burguesía en
el futuro, tal como los viene utilizando desde 2013.
El fascismo
en sus diversas variantes es un movimiento que tiene su base social
principalmente en sectores de la pequeña burguesía y que es impulsado
fundamentalmente por la gran burguesía, desde sectores de las fuerzas armadas,
la burocracia estatal, la gran prensa y los sectores empresariales. El problema
es mantenerlo bajo control una vez que la gran burguesía ha alcanzado sus
objetivos.
En este
momento, en Brasil, el principal instrumento de control de la situación
política por parte del imperialismo estadounidense es el gobierno de
Lula/Alckmin, cuya victoria fue promovida a través de una intensa campaña por
los mismos sectores que impusieron el bolsonarismo en 2018.
El nuevo
gobierno es parte de la política del gobierno de Joe Biden para América Latina
de imponer gobiernos de «izquierda» muy derechistas, con el objetivo de aliviar
la presión social que venía como respuesta a los anteriores gobiernos de
derecha.
El control
sobre el movmiento bolsonarista despeja la situación política y favorece la
implementación inmediata del plan reaccionario del gobierno de Lula/Alckmin.
Pero el
impacto de la profundización de la crisis capitalista mundial en América Latina
impone descargar la crisis sobre los trabajadores y las masas de un modo cada
vez más pesado. La política del nuevo gobierno de Lula puede contener
parcialmente las tensiones sociales, pero la tendencia apunta hacia choques
sociales cada vez más intensos, profundos y radicales en Brasil.
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