En Cuba, los
comedores de los cuales dependían miles de ancianas y ancianos han
disparado sus precios. La realidad de estas personas que ya vivían una
situación económica crítica se ha agravado aún más. ¿Saben a dónde ir para
buscar ayuda?
Comunistas no estila republicar, menos aún a la prensa que tiene todos los recursos para llegar a millones de personas, como es en este caso Juventud Rebelde, órgano de la Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba. Sin embargo, nos hemos percatado que se ha pasado por alto el urgente trabajo de periodismo de investigación Salud y precios en la balanza enfocado en la angustiante realidad de un sector gravemente afectado por la Tarea Reordenamiento. Salud y precios en la balanza es una atípica publicación en los medios estatales, aún más hoy cuando el discurso hegemónico es justificar la eliminación de subvenciones y políticas sociales.
Quienes
desayunan y comen todos los días, pueden defender a las medidas que entraron en vigor el pasado 1 de enero. Desde las redes sociales y sitios webs aplauden la
eliminación de “gratuidades innecesarias”. Sin embargo, aquellas personas que
dependían de los comedores SAF (Sistema de Atención a la Familia) ni siquiera tienen
acceso al internet.
Nadie quedará
desamparado, se repite una y otra vez, pero cada día que pasa son 24 horas de
angustia para quienes ya no pueden almorzar y comer de manera segura. Muchos,
ni siquiera saben a dónde dirigirse para solicitar la asistencia social,
mientras que otros sufren horas de desgaste en un burocratismo al cual a su
edad, ya le cuesta trabajar entender.
La intención
de Comunistas al republicar este trabajo es exigir que los precios originales de los comedores SAF sean restablecidos y
concientizar al público lector para que lo reclame con fuerza e insistencia. ¿Quebraría
la economía cubana por mantener esta subvención? Las únicas gratuidades y
subvenciones que deben desaparecer son las prebendas de la burocracia.
por
Lisandra Gómez Guerra, Laura Brunet Portela, Dorelys Canivell Canal y Mileyda
Menéndez Dávila
Una de
las polémicas desatadas en Cuba a partir del Día cero de la Tarea Ordenamiento
es el incremento de los precios en el Sistema de Atención a la Familia (SAF),
debate que ratifica la solidaridad de la sociedad cubana con los más humildes y
pone en la agenda pública un servicio de alto valor humano.
JR
sondeó el tema en cuatro provincias y encontró inquietudes o desconocimiento en
los beneficiados, a la par que constató la voluntad de sostener ese auxilio por
parte de los gobiernos locales y los ministerios encargados de hacerlo
funcionar.
El SAF
es un servicio del Ministerio de Comercio Interior (Mincin) diseñado para
personas con limitaciones para procesar en casa su alimento por razones de
salud, capacidad física, ingresos, condiciones de la vivienda, no contar con
equipos de cocción y/o conservación… En la práctica lo solicitan sobre todo
ancianos que viven o permanecen solos, aunque también hay embarazadas y otros
casos sociales.
En Mesa
Redonda, el jefe de la Comisión de Implementación y Desarrollo de los Lineamientos,
Marino Murillo Jorge, detalló que al cierre de diciembre el SAF garantizaba
almuerzo y comida elaborada en el día a 76 715 personas. La mayor parte lo
pagaba de sus ingresos o con apoyo familiar, y solo el 15,6 por ciento (12 018)
dependía de la Asistencia Social.
Algunos
comensales recibían 45 pesos adicionales al mes para ese servicio, que se
retiraba si no iban al comedor de forma sistemática. Como la reforma general de
salarios, pensiones y prestaciones dejó en mejor situación al ciento por ciento
de esas personas y el ingreso mínimo de un núcleo protegido es de 1 200 pesos,
esos 45 pesos extras ya no se dan.
«La
canasta concibe 800 pesos para la alimentación de cada persona, que el Estado
garantiza en los núcleos vulnerables. De ahí se paga ese servicio gastronómico»,
explica Belkis Delgado Cáceres, directora de Prevención, Asistencia y Trabajo
Social en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
Es un
derecho de cada quien decidir si continúa o no en el SAF, incluso si es
asistenciado. Si prefiere crear condiciones y cocinar en casa, no se le
descontará nada de la prestación, aclaró la directiva. En este primer momento
se incrementó a todos los casos ya registrados, teniendo en cuenta la cantidad
de personas a proteger en el núcleo. En los próximos meses se revisarán en el
país todas las prestaciones, que son ayudas temporales y ajustadas a las
circunstancias. Donde haga falta se incrementarán y se eliminarán las no
necesarias», detalló.
Arrancada difícil
En este
primer mes, buena parte de los clientes evalúan si con su nuevo presupuesto les
resulta mejor buscar el alimento por su cuenta o continuar en un servicio cuyos
precios dejaron de estar subsidiados. Otros no quieren abandonarlo, pero temen
no poder costearlo, como la pinareña Luisa, quien después de varios meses
esperando para ser aceptada, ahora no está segura de cuánto dinero le quede
para electricidad, medicamentos, aseo y otros productos de primera necesidad.
La idea
de la canasta de bienes y servicios de referencia es aún muy abstracta para
muchas personas de su generación, y la mayoría no interioriza que si sus
ingresos no alcanzan y no tienen familia a la que acudir, pueden pedir ayuda
estatal para suplir la diferencia.
El
lunes 11 de enero, a la unidad del SAF de la cafetería La Nueva (reparto
Hermanos Cruz, en Pinar del Río), a la 1:00 p.m. habían ido a almorzar 29
personas, de las 63 censadas: «Desde que empezaron los nuevos precios la media
ha estado por ahí —asegura el administrador José Luis Ordaz Corrales—. En el
horario de comida apenas vienen entre seis y diez comensales». Ese día costaba
cinco pesos porque el plato fuerte era huevo y el arroz era donado por el
Programa Mundial de Alimentos, pero «puede ascender hasta 11 o 13 pesos cada
comida», aclaró.
En la
cafetería El Puerto, del municipio de Cienfuegos, un matrimonio de
septuagenarios discapacitados explicó a este diario la semana anterior que se
acogieron al SAF cuando empezó la pandemia y ahora vienen solo de vez en vez:
«Recibíamos la comida con mucho amor, pero a veces de verdad estaba mala, no
vamos a engañarnos. No mirábamos la calidad porque casi era regalada. Ahora
está muy cara, y si dedicamos 25 pesos diarios cada uno son 1 500 entre los
dos, y tenemos que pagar otras cosas».
El
maestro retirado espirituano Rolando Brito Grau desde hace cinco años dibuja
sus días con los recuerdos. Su esposa falleció y la casa se le hizo inmensa.
Entonces acudió al SAF: «La calidad no es mala. A veces la cantidad no llena,
pero uno siempre escapa». Hoy cree que no puede seguir, aunque la jubilación
creció cinco veces.
Su hijo
no vive en Cuba. Como en miles de casos, el Estado no se detiene a preguntar si
ayuda en la manutención del padre. «Para nosotros son adultos mayores solos y
se brinda la asistencia que demanden», asegura Delgado Cáceres.
El reglano Elio Paz Cabrera, también viudo, se asustó solo al principio: «Si fuera a comer por la calle lo que me dan aquí sería el doble o el triple… si lo encuentro. Además, el trato es extraordinario, la comida buena y elijo lo que me gusta. A mi edad el dinero es para comer: gasto poca corriente y yo mismo me ocupo de lavar y fregar», dice optimista.
En
Sancti Spíritus, 1 242 comensales permanecen vinculados al SAF: el 60 por
ciento de los aprobados. En el municipio de La Sierpe se mantienen los 23
comensales censados, explica Ariel Fernández Martín, director del Grupo
Empresarial de Comercio y Gastronomía (GECG) en esa provincia.
En
Pinar del Río y Cienfuegos seguían asistiendo la mitad de los 2 287
vueltabajeros y 3 153 cienfuegueros censados. En otras provincias las cifras
son más altas, y a medida que comprenden sus opciones, muchos se reincorporan,
asegura Delgado Cáceres.
En el
SAF El Encanto, de Regla, la gran mayoría mantiene el vínculo, y cuando pase el
distanciamiento por la pandemia será mejor, porque podrán volver a los juegos
de mesa y cumpleaños colectivos, cuenta su administrador, Hamel Sardiñas
Martínez.
Hoy la
prioridad es dialogar y buscar variantes para una oferta más flexible: «Hay
quienes han entendido y retornan», afirma Leiscer Cabezas García, subdirector
de Prevención, Asistencia y Trabajo Social en Vueltabajo.
En el
caso de la capital cubana a inicios de enero, el promedio de una comida en el
SAF quedó fijado en 13 pesos, pero después de un análisis sobre la relación de
ingreso con este precio, se redujo a diez pesos. Actualmente estudiantes de las
facultades de Derecho, Turismo, Sicología Computación, Historia del Arte y
Economía llegan hasta estos establecimientos para conocer las preocupaciones de
este sector de la población, junto con autoridades de Trabajo y Seguridad
Social. También en el resto del país, delegados y diputados a la Asamblea Nacional
realizan recorridos para conocer sus opiniones y canalizarlas, en la búsqueda
de soluciones.
Anabel
Jardón Valdivia, subdirectora de Prevención, Asistencia y Trabajo Social en
Sancti Spíritus, e Ismary Valdés Fernández, especialista del SAF del GECG en
Cienfuegos, tienen fe en esa labor persuasiva y se esmeran pensando en los que
sí se quedaron, porque confían que todo mejorará.
Es el
caso de Jorge Valdés, quien asiste al restaurante El Conquistador, sede actual
del SAF Mariana Grajales, en la Ciudad del Yayabo: «Me está saliendo el día
entre 18 y 20 pesos porque compro lo que más me gusta. Estoy esperando a que
llegue el fin de mes para decidir», dice pragmático.
Joel
Castillo Fuentes, director general del GECG cienfueguero, es consciente de que
la asistencia ocurre de manera selectiva, sopesando la relación menú-precio.
Como en otras provincias, ya se habla de ofertar más de un combo cada día; de
permitir que vengan solo al almuerzo o a la comida, o en días alternos, y de
estabilizar el servicio de mensajería, reclamo de trabajadoras sociales como la
pinareña Mildrey Costa García, preocupada por los que viven más lejos de los
comedores y no tienen otra vía mejor para alimentarse.
Retos y sinsabores
¿Pagar
más por lo mismo? es la interrogante que plantean quienes ven en el SAF más que
una opción. Esas unidades mueven una cantidad importante de recursos, y aunque
el precio aumente, debe corresponderse con la calidad del plato final.
Los
precios son la causa principal de inquietudes, pero no la única, y por tanto el
servicio se revisa integralmente: «Lo que haya que rectificar se rectifica. Es
un proceso transversal y complejo», recalcó Murillo Jorge, y dejó claro que hay
700 millones destinados a subsidiar personas, no productos, y no son para cubrir
ineficiencias.
La
calidad y el gramaje de los productos también mueven la opinión pública,
criterio que reconocen los administradores Asdrúval Gerardo y Leonardo Montero,
así como el director del GECG en Sancti Spíritus.
El
espirituano Jorge Valdés precisa: «Cocinan con lo que tienen, porque si te digo
lo que lleva cada plato no lo pueden hacer. A veces donde se pierden es al
servir», queja con la que coincide María Teresa Pérez Valdivia, convencida de
que hay un turno que nunca le da completa las dos raciones que recoge al
mediodía en el SAF El Recreo.
En la
capital y la Ciudad del Yayabo hay un aseguramiento para la mayoría de los
productos. Cada 15 días se analiza el tema en los Consejos de las
Administraciones Municipales con el fin de lograr el balance de las más de 1
100 kilocalorías a garantizar entre proteínas, carbohidratos y hortalizas. Su
dificultad ha estado en el acceso a las ensaladas y los condimentos secos,
alegan.
El
administrador cienfueguero Lisandro Bernardo Rodríguez declaró que reciben
productos muy encarecidos, criterio que respalda Castillo Fuentes: «Los
proveedores han usado índices hasta tres y cuatro veces superiores a los
anteriores para formar sus precios mayoristas».
Por
ejemplo, la mercancía de Lácteos Escambray creció casi cinco veces, y el yogur
de soya es alimento estable en el menú de esas entidades. La libra de carne de cerdo
subió de 14 a 25 pesos en la Perla del Sur, y mucho más en otras ciudades, por
tanto, el plato salía entre seis y 13 pesos.
En el
SAF El Limón (consejo popular Arriete-Ciego Montero, de Palmira) llegaron a
ofertar un menú de 31 pesos que incluía bistec de hígado. Según su
administrador, «por la canalita», hasta ahora solo han recibido aceite y sal:
«El resto de las cosas nos las agenciamos nosotros».
Alexander
Carrillo Salazar, especialista principal del GECG pinareño, asegura que la
empresa de Acopio ha incumplido con la entrega de viandas y hortalizas para
este mes. Si se abastecieran establemente de cooperativas y organopónicos,
bajarían costos y precios. Si se ven forzados a comprar en el mercado
minorista, es al revés.
Toca a
los gobiernos gestionar suministros de alimento fresco, inocuo y barato, y
velar por que lleguen al destino real. El de la capital ya informó ajustes en
sus precios y realiza nuevas revisiones, además porque muchos de los productos
a usar en enero habían sido adquiridos al costo de diciembre.
Al
llegar a El Encanto, encontramos a Sardiñas elaborando las fichas de costo de
cada menú, por iniciativa propia. Calculó incluso un margen discreto de
ganancia (que cubra salario y electricidad), y ya tiene una propuesta de
precios más modesta que la oficial: «Algo que ayude a los abuelos sin dañar al
país», afirma desde su vasta experiencia en Gastronomía.
Para no
desperdiciar alimentos, las unidades han establecido la rutina de publicar el
menú el día antes y que cada usuario haga su pedido. Siempre se elaboran dos o
tres raciones por encima, por si llega alguien a última hora.
Números en contexto
Para la
ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó, lo importante es que
las personas realmente necesitadas no dejen el comedor porque consideren alto
su precio, y entonces no almuercen o no coman, a riesgo de su salud, cuando se
les puede ayudar.
La
octogenaria Julia Rodríguez se enteró por la TV del debate sobre el SAF y dice
que va «de cañón» a pedir que la incluyan, porque de caminar los mercados y
prender su viejo fogón ya está harta. «Yo como poco: con lo que compre en el
comedor estaré mejor, ¡y me queda cerquita!», dice entusiasmada.
Aprobar
a los nuevos que se acogen al SAF sigue
siendo tarea de los gobiernos municipales, a propuesta de los equipos de
Trabajo Social, con sede en los consejos populares para facilitar la
comunicación. Es función de los líderes de cada comunidad detectar esos nuevos
casos y velar por los ya protegidos.
De los
actuales beneficiados, el 49 por ciento vive de su jubilación. Si destinan
entre 500 y 800 pesos al SAF, eso representa entre el 32 y el 52 por ciento de
una chequera mínima (1 528 pesos). Suponiendo que gasten 185 kilowatts al mes
(la media del país, que es alta para quien no cocina), el pago de la
electricidad no llega al diez por ciento, y para adquirir los productos
normados (derecho que conservan), necesitan otro 15 por ciento, incluyendo el aseo.
JR
conversó con jubilados y trabajadores que perciben salario mínimo, viven solos
y cocinan en casa, y constató que sus proporciones eran similares, pero además
destinan buena parte de su tiempo a hacer colas y recorrer puntos para
proveerse de alimentos, no siempre con la variedad del SAF, como los potajes,
que en la calle están «perdidos» o carísimos.
«Tenemos
la esperanza de que esas personas con dudas regresen al sistema, con ayuda
estatal si es necesario, siempre que mantengan las condiciones que justificaron
su solicitud», ratifica Delgado Cáceres. No todos los casos son iguales,
precisa: «Las personas jubiladas o pensionadas no deberían tener a su
cargo a otros familiares, pero ocurre, y
en el nuevo análisis se valora esa particularidad».
Juan
Carmona Díaz y su esposa Sonia Puentes son beneficiados del SAF vueltabajero
desde hace tres años. Ahora, con el incremento de la jubilación, Juan se
percató que podría comprarse una lavadora si ahorra unos 500 pesos mensuales:
«Mi esposa está postrada. Tengo que lavar sus cosas a mano y de verdad se me
hace difícil. Para colmo estoy operado y ahora tengo hasta una hernia por
empujar el sillón de ruedas.
«Yo soy
jubilado y ella asistenciada. Decidí renunciar a mi cuota en el SAF y venir
solo a buscar los alimentos para ella porque no puedo pagar por dos y hacer el
ahorrito. Quizá, cuando tenga la lavadora regrese a comer aquí», dice.
Al
comentar el caso, Delgado Cáceres explicó que las lavadoras no están incluidas
entre los equipos e insumos que Asistencia Social entrega gratuitamente a
núcleos protegidos, pero se está valorando esa posibilidad. El presupuesto
existe. En 2020 fue difícil ejecutarlo porque el país dejó de producir o
importar la mayoría de los recursos previstos.
Por la
razón que sea, nadie quedará desamparado, asevera la Ministra. Quienes se
sientan en condiciones de vulnerabilidad pueden acercarse al trabajador social
de su consejo popular, y en 72 horas se les responderá qué ayuda hay para
brindarles.
Este
sondeo demuestra que muchas de esas personas no tienen clara esa posibilidad o
no saben a dónde ir. Por eso, es tan vital la proactividad de los equipos de
trabajo social en estos primeros meses.
Sensibilizado
con sus habituales, el personal de las unidades del SAF también ha puesto en práctica
sus propios ardides: «Les explicamos la Tarea Ordenamiento y cómo se conforman
los menús. Incluso, hemos visitado varias casas para conocer sus
preocupaciones», cuenta el espirituano Leonardo Montero Obregón, administrador
del SAF El Recreo.
Su homólogo
en El Conquistador, Asdrúval Gerardo Baso, dice que algunos se han
reincorporado tras la charla, y el reglano Sardiñas Rodríguez explica que
pasaron la lista de los ausentes a la trabajadora social y le consta que están
yendo a sus casas para valorar qué se precisa para que regresen.
Afortunadamente,
la decisión es darles un plazo para adaptarse y ponderar opciones.
Eventualmente, esas cuotas se revisarán, porque en esta quincena la tendencia
ha sido a bajar, pero la demanda ha de incrementarse por obvias razones
demográficas y otras dinámicas provocadas por el ordenamiento, como el caso de
la capitalina Rayza Loredo, que pidió empleo y dejará de cuidar a sus abuelos,
para quienes gestionan el SAF.
Más
allá de reajustes en los precios a partir de la Tarea Ordenamiento, el SAF
constituye un beneficio para quienes se acogen a él. Son personas que necesitan
este servicio y el Estado garantiza la ayuda precisa cuando alguien no pueda
pagarlo por falta real de ingresos. Nadie, en condiciones de vulnerabilidad,
quedará desprotegido.
NOTA: El Comité Editorial de Comunistas no
ha establecido contacto con ninguna de las autoras de este trabajo
periodístico, pero esto no significa que por ello estemos violando códigos de
ética. Hemos citado debidamente la fuente y puesto el enlace directo para que
nuestros lectores puedan comprobar la exactitud de las palabras replicadas en
nuestro blog.